En el programa del 5 de
junio de
hora 20
Director: Néstor Morales
PANELISTAS.
Gina Parodi ex congresista de Bogotá
José Fernando Izasa columnista del Espectador
Juan Gabriel Uribe Abogado director del Nuevo Siglo
Rafael Guarín viceministro de Defensa y consultor.
Marco jurídico para la paz:
En opinión de Gina Parodi dice
que todo gobierno es fundamental conseguir la paz para su país y en el caso
concreto de Colombia los grupos armados al margen de la ley son los principales
actores, junto con la sociedad colombiana que al final es la que sale pagando
todo el costo de esta búsqueda de paz.
Desde la aparición de los grupos armados en Colombia se ha tratado de llegar a
acuerdos que beneficien tanto al gobierno como a los implicados y sus logros no
han sido satisfactorios ya que desde la época de la violencia se vienen
presentando estos acercamientos y no se ha lograda nada concreto y surge un
interrogante, porque nunca se han
preguntado ¿Qué salió mal?, es que lo que se hizo estuvo mal y no se debe
volver a hacer. Lo que ha pasado anteriormente y lo que viven las nuevas
generaciones es que hay bananeo de parte del gobierno y los actores.
O sea que aquí todo puede pasar
porque al final usted puede llegar al congreso, enriquecerse, todo de manera
ilegal porque el estado colombiano está dispuesto a perdonarlo sin pedirle nada
a cambio y surgen los interrogantes que nos debemos hacer, cuales son los
detalles del nuevo marco jurídico para la paz ,que estamos a de acuerdo de
pedir a cambio, para que es este marco, y se presenta un nuevo problema y es un
sapo que se debe tragar los colombianos es la elegibilidad o sea que un guerrillero
desmovilizado una vez en libertad vaya a hacer política. Y este problema está
latente ya que algunos ciudadanos de la política que no estuvieron de acuerdo
con este tema hoy están en el otro bando.
José Fernando Izasa opina que este proceso de paz es costoso y es
más complejo ya que
La moratoria de la corte penal ya que esta dice que no hay amnistía de ninguna
clase para delitos atroces por otra parte los organismos estatales también
tienen culpa en el proceso ya que una vez que en el pasado no se hizo nada hay
m-19 ya queda muy difícil recuperar todo ese campo perdido y además quieren
juzgar los delitos aisladamente, por aparte como en el caso de un
narcotraficante que se una con la guerrilla para delinquir seria tratado en la
justicia muy diferente al narcotraficante normal, o sea que el gobierno en el
campo de la justicia está tratando de elaborar categorías.
Y claro al involucrarse el narcotraficante con el paramilitar va a recibir
un trato especial en el marco de la justicia mostrando así la hipocresía
nuestra y en fin es muy importante avanzar en la elaboración del marco.
Juan Gabriel Uribe opina, que a lo que se está apostando es a un
proceso de paz integral ya que hasta los mismos agentes del estado quedaran
involucrados en el conflicto, se debe solucionar de una por toda el problema de
una guerra sin fin que Colombia viene sufriendo desde hace mas de 50 años y
faltan elementos claros en la parte jurídica para poder
Rafael Guarín opina, manifiesta que es un deplorable que
premien a una cantidad de delincuentes con crímenes de lesa humanidad con la
impunidad a través de la reforma de constitucional de Justicia y Paz, y que el
gobierno no está buscando a través de este marzo jurídico buscar la paz, aun
cuando tiene una buena voluntad, pero al contrario los miembros de las farc por
intermedio de su vocero Iván Márquez dice que no está de acuerdo por ellos
están es en contra de la política de justicia que hay en el país y que lo que
se está buscando con esta reforma es que la garantía de impunidad pretende cobijar los crímenes pasados,
presentes y futuros que sucedan y le dan a los grupos armados garantías y
seguridad jurídica a los criminales de lesa humanidad y por otro lado la
garantía se extiende por el tiempo que permanecerá el conflicto armado. La Farc
toma esto como la legitimación de los crímenes de lesa humanidad y crímenes guerra
y delitos atroces.
También manifiesta que no se pueden juzgar a los criminales separadamente
ya que los victimarios y su dignidad no se pueden categorizar y la justicia
tiene que ser pareja para todos.
En resumen las jurisprudencias que existen en la actualidad no permiten
castigar a los paramilitares igual que a los otros políticos, incluyendo a los
narcotraficantes.
Los procesos de paz universalmente
se han dado y hay indemnizaciones a las victimas
No se debe nombrar a ningún tipo antisocial en puestos políticos.
Hay conflictos de opinión en cuando a los puntos de vista en cuanto buscar
salidas al conflicto de paz.
Las Farc arrecian sobre la nación. Si la paz hay que hacerla en medio de la
guerra.
Por otro lado el paramilitarismo fue secundado por el ejército colombiano.
Hay que buscar también donde están los enemigos de la paz.
Lo malo del proceso, no se les exigió algo de verdad y reparación. (Parapolíticos)
Para que haya una paz duradera y no se repita la historia es una justicia
clara en el aspecto de reparación de victimas elementos que deben estar en el
proyecto de la reforma.
El gobierno ha dado una línea de vista para lograr la paz y este tiene que
ver con las premisas inalterables, renunciar a las armas, cese al fuego,
secuestro, la extorsión, la intimidad,
El origen de todos estos grupos armados se re fortaleció una vez que el
Frente Nacional le cerró las puertas a la participación política de otros
partidos a los tradicionales, y desde allí se vive en guerra en Colombia.
La corte internacional entra a un país que no ha podido solucionar los
problemas políticos de conflicto armado.
El bien más preciado de cualquier país es la paz.
Es inaceptable que mientras el gobierno trate de buscar la paz por medio de
un proceso diseñado con las guerrillas estas permanezcan armados.
Según opinan este proyecto se ajusta amas a las Bacrim ya que hay muchos procesos en camino de personas
pertenecientes a las Fuerzas Militares de Colombia, que de una u otra manera
están implicados en crímenes.
El ELN también se pronuncio manifestando que no están de acuerdo con este
marco de paz, pero al final dicen que si están de acuerdo con la participación
en una mesa de concertación para acabar el conflicto y conseguir la paz.
El presidente tiene la llave de la paz y Colombia esta habido de un proceso
ya, y que el marco se hace necesario. Y que el país tiene la esperanza de que
con este gobierno se logre la anhelada paz.
Human Rights Watch,
profundamente preocupada por reforma a la Justicia
El proyecto sería aprobado esta semana en el cuarto de ocho debates, en el
Congreso de Colombia.
En una fuerte carta al Gobierno, la organización Human Rights
Watch se declara "profundamente preocupada"
por la reforma a la justicia que avanza en
el Congreso y que ampliaría el fuero militar en Colombia.
Según HRW, de ser aprobada como está, la reforma no
solo iría en contra vía de los estándares internacionales de derechos humanos
sino que expondría al país a que casos como los 'falsos positivos' terminen
siendo remitidos e investigados por la Corte Penal Internacional.
"Este artículo -que permitiría que casos de
violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública sean conocidos
por el sistema de justicia militar- contraviene directamente la jurisprudencia
de los más altos tribunales de justicia de Colombia y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, y se opone además a lo establecido por
otros organismos internacionales de derechos humanos relevantes. Su aprobación
revertiría gravemente los avances recientes logrados por Colombia para asegurar
que se juzguen los abusos militares" dice HRW.
La carta fue dirigida al presidente
Juan Manuel Santos, al igual que a cuatro ministros y la Fiscal,
Vivianne Morales.
Según la misiva, dado que la reforma
"prácticamente garantizar impunidad frente a las violaciones de derechos
humanos cometidas por la Fuerza Pública, en última instancia, Colombia podría
exponerse a la posibilidad de ser investigada por la Corte Penal Internacional,
incluso, en relación con los casos conocidos como 'falsos positivos' (las
muertes de civiles inocentes presentados por algunos miembros del Ejército como
guerrilleros muertos en combate).
La carta está firmada por José Miguel Vivanco, director
para las Américas de esta ONG estadounidense.
La
Organización alega que la reforma se contrapone a la jurisprudencia de la
Corte Constitucional (CC), la Corte Suprema de Justicia (CS) y el Consejo Superior
de la Judicatura (CSJ) de Colombia, que en reiteradas oportunidades han
resuelto que el sistema de justicia militar no debería conocer casos de
violaciones graves de derechos humanos.
Así mismo, dice Vivanco, también es contraria a los pronunciamientos y las
decisiones de la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU.
El artículo 11 del proyecto de acto legislativo
reformaría la Constitución, al disponer que todos los actos realizados por
miembros activos de la fuerza pública durante operaciones se presuman tener
"relación con el servicio" y, por ende, estarán sujetos a la justicia
penal militar
De acuerdo con HRW, la estructura misma de la justicia
penal militar impide que pueda impartirse justicia de manera independiente e
imparcial en casos de violaciones de derechos humanos. "La Comisión
Interamericana ha señalado en varias oportunidades que por su naturaleza y
estructura, la jurisdicción penal militar no satisface los requisitos de
independencia e imparcialidad establecidos en el artículo 8(1) de la Convención
Americana... El sistema de la justicia penal militar tiene varias características
singulares que impiden el acceso a un recurso judicial efectivo e imparcial en
esta jurisdicción...La naturaleza jerárquica de las Fuerzas Armadas,
institución basada en una rigurosa cadena de mando, limita claramente la
capacidad de militares activos o retirados de juzgar con imparcialidad a
personas que anteriormente pertenecieron a la misma institución o actualmente
forman parte de las mismas filas", continúa el texto.
Además, dice, HRW el récord histórico de la justicia
penal militar en Colombia muestra que no ha logrado que rindan cuentas quienes
han violado los derechos humanos y tampoco se puede confiar en que remitirán
los casos a la justicia ordinaria, como prevé el proyecto de ley.
"Su actual Ministro de Defensa ha defendido el
mencionado proyecto asegurando que los tribunales militares remitirán los casos
de violaciones de derechos humanos a la justicia penal ordinaria cuando existan
evidencias de que se han cometido violaciones de derechos humanos. No obstante,
por las mismas razones que no cabría confiar en que la justicia penal militar
investigue y juzgue violaciones de derechos humanos, tampoco se puede esperar
que remita los casos a la justicia ordinaria oportunamente para que se inicie
una investigación penal adecuada", dice Vivanco.
Respuesta de Gaviria
El presidente de la Cámara, Simón Gaviria, se
pronunció sobre la carta de José Miguel Vivanco.
"En cuanto al fuero penal militar,
efectivamente se requiere mucho más que el simple artículo: un nuevo Código
Penal Militar; se requiere inclusive pensar en una jurisdicción plena en lo que
tiene que ver con el juzgamiento de los militares (...) Si hacemos las cosas
bien, los temores de las organizaciones de derechos humanos se pueden disminuir
de manera significativa. Para eso hay que discutir todo en bloque, pero hoy voy
a votar positivo el artículo", dijo.
SERGIO GÓMEZ MASERI Corresponsal
ELTIEMPO,Washington.
PRESENTADO POR:
·
DANIELA HURTADO
·
XIMENA HOYOS HOYOS
·
JUAN JOSE PIEDRAHITA
·
SANTIAGO SANCHEZ
·
NATALIA BARBETTY
·
MIGUEL ANTONIO GARZON
GRADO: 11-2
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